Un rey no rinde cuentas

Una oleada de académicos expertos en vislumbrar el progreso nos informa de la futilidad de la República, así como de los riesgos que entraña. Sus argumentos científicos tienen la pretensión de que el debate sobre la sucesión dinástica se descarte por intranscendente y quede relegado a ambientes marginales repletos de freaks indignados. Sorprende este comportamiento, porque, hasta la victoria de Franco en la Guerra Civil, la gran lucha política fue república frente monarquía; es decir, democracia contra despotismo.

La monarquía representa el principio de autoridad externo a la comunidad política que limita su soberanía. La monarquía es el Estado, por eso, es el símbolo máximo del poder de coacción de las instituciones sobre la población, sobre sus súbditos. El rey es una figura paterna que tutela nuestra libertad política y ese es su significado. En consecuencia, es inviolable, es inmune a cualquier acción legislativa o judicial: disfruta de total impunidad, porque el poder, si está limitado y sometido a control, deja realmente de ser poder. Este principio de autoridad se combina en nuestro ordenamiento jurídico con el principio democrático de Voluntad General expresada mediante nuestros representantes en el parlamento, pero se trata de un equilibrio imposible y conflictivo desde hace más de dos siglos. Es más, jamás se solucionará tal conflicto, porque es irresoluble: si el principio de autoridad prevalece la comunidad política siempre estará limitada por un marco institucional rígido que protege a sus responsables de la fiscalización ciudadana. Por el contrario, si el principio democrático se impone no puede existir una figura externa que fije los límites de la soberanía. Esto significa que el legislativo, la sede de la soberanía popular, adquiere la primacía y termina por domesticar al poder judicial que pierde su teórica independencia.

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