Consigan sólo 1.910 firmas contra una de las mayores estafas financieras contra los españoles

España es, después de Chipre y Malta, el país europeo en el que el abonado doméstico medio paga más caro el kWh. Desde el 30.06.2011 hasta el 01.01.2012, el precio del kWh ha subido en España el 20% (de 0,140069 euros, el 30.06.2011, a 0,168095 euros, el 01.01.2012).

Así, en el primer semestre de 2011, el precio del kWh doméstico en España era 25,25% más caro que el precio medio del kWh doméstico en la Unión Europea (27 países), 13,58% más caro que en Alemania, 26,44% más caro que en Dinamarca, 47,73% más caro que en Finlandia, 60,66% más caro que en Francia, etc, etc

 Pues bien, a pesar de ser, después de Chipre y Malta, el país con el kWh más caro de Europa, España es el único país con "déficit tarifario", eufemismo con el que es denominada la diferencia entre los costes reconocidos (por el Gobierno) asociados a las tarifas reguladas y los ingresos obtenidos con dichas tarifas. (Datos obtenidos de la página web de Antonio Moreno, un ingeniero sevillano que lleva años luchando en solitario contra el tinglado eléctrico)

El 27 de enero de 2012 la Comisión Nacional de la Energía (CNE, ente regulador del mercado eléctrico) recibió el encargo del Gobierno de elaborar un informe sobre las medidas a tomar para atajar el crecimiento del déficit tarifario, cuya deuda acumulada hasta el final de 2011 ronda la desorbitada cifra de 24.000 millones de euros (más de un 2% del PIB español). Por su parte, antes de elaborar ese informe, la CNE ha decidido abrir una consulta pública para recoger las opiniones de los agentes interesados. Dado que el pago de esta cantidad recae sobre todos los consumidores de electricidad, entendemos que esta cuestión afecta al interés general de toda la sociedad.

El déficit de tarifa, es un artificio contable, un efecto perverso del fraudulento sistema inventado por el PP de Aznar para calcular el precio de la electricidad, que el PSOE de Zapatero no se atrevió a desmontar. 

Es una estafa, una supuesta deuda que los consumidores han contraído con las mayores empresas eléctricas (principalmente Iberdrola, Endesa y Gas Natural), que viene siendo objeto de un discurso simplista e interesado por parte de las eléctricas  y medios de comunicación afines, que se limitan a atribuirlo al coste de las energías renovables. Sin embargo, a la sociedad no se le ha explicado que el déficit ha surgido en el proceso de privatización del mercado eléctrico que se inició en 1998.

Actualmente el Gobierno no regula el precio de la electricidad sino que éste es fijado en un mercado oligopólico donde las empresas que venden y compran energía son, en la práctica, las mismas, y tienen un enorme poder de influencia sobre el precio resultante. Este proceso de privatización se ha llevado a cabo sin contar con la ciudadanía y ha conducido a un mercado cuyo funcionamiento es totalmente opaco para la sociedad. Existen dentro del mismo muchos mecanismos que son responsables de la subida del precio de la electricidad y del déficit de tarifa: las primas a fuentes de energía emisoras de CO2 como carbón y gas natural (pagos por capacidad), la anulación anticipada de los Costes de Transición a la Competencia (por la que se estima que las eléctricas deberían devolver 4.000 millones de euros), los ingentes beneficios de centrales hidroeléctricas y nucleares que ya están amortizadas, o los mercados de futuros de electricidad en los que entidades financieras obtienen cuantiosos dividendos (subastas CESUR).

La suma de estos mecanismos, sospechosos para la CNE de haber sido manipulados en varias ocasiones durante la última década, conllevan un elevado coste y carecen de los beneficios que las primas a las renovables aportan al sistema de generación eléctrica: disminución de emisiones de CO2 y de importaciones de combustibles fósiles; y, más genéricamente, ser la piedra angular de la inexorable transformación del modelo energético.

Es por tanto un error eliminar estas primas acusándolas de ser las responsables del déficit de tarifa. En todo caso, nos parece indignante que sean precisamente las empresas eléctricas –un oligopolio que, desde la privatización y a pesar de la crisis, no ha dejado en ningún momento de anunciar beneficios desproporcionados– las que reclamen al Estado unas supuestas pérdidas que superan el 6% de los Presupuestos Generales (una cantidad comparable a todos los recortes realizados por el último Gobierno del PSOE o al primer gran recorte del PP).

La propia CNE ha sugerido recientemente la necesidad de revisar la deuda sin descartar la aplicación de quitas parciales, lo que ha provocado el rechazo unánime de la patronal eléctrica, UNESA. En resumen, creemos que antes de discutir los mecanismos técnicos para reducir el déficit de tarifa, los ciudadanos debemos reclamar que se abra un debate social amplio sobre el origen y la legitimidad de esta deuda. Para ello, queremos aprovechar la consulta convocada por la CNE para exigir al Gobierno que una auditoría ciudadana, compuesta por observadores independientes procedentes de todos los ámbitos de la sociedad, analice en detalle el proceso de endeudamiento y determine la legitimidad del déficit de tarifa.