Primera entrega de tres reportajes sobre la evolución política de Islandia tras el estallido social en respuesta a la crisis en 2009

El país se negó a rescatar a la banca e investigó y encarceló a políticos, lo que le convirtió en una referencia en un clima de protesta internacional

Se pusieron en marcha mecanismos participativos en Internet, partidos-sátira que ganaron en la capital y experimentos de democracia directa con desigual resultado

        Una mujer se manifiesta frente al Parlamento islandés en Reykjavik en junio de 2009. AP PHOTO (BRYNJAR GAUTI)

En octubre de 2008, Islandia se declaró en bancarrota. Los tres mayores bancos del país no pudieron pagar sus deudas y el valor combinado de sus activos era más de diez veces mayor que el PIB islandés, por lo que el Estado no pudo rescatarlos. De hecho, fue Islandia la que tuvo que ser rescatada por el Fondo Monetario Internacional, sus vecinos nórdicos y otros países europeos. Como consecuencia del colapso, unas 50.000 personas —casi la sexta parte de la población— acabaron perdiendo sus ahorros, una cuarta parte de propietarios de viviendas incumplieron los pagos de sus hipotecas, y el paro pasó del 1% en 2007 al 8% en 2009, un porcentaje muy elevado para lo habitual en Islandia.

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