Descalabro o ‘cacicada’, el dilema de Rajoy

                                               Mariano Rajoy. (Efe)

La modificación del artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de Junio de Régimen Electoral General para que los alcaldes sean elegidos directamente por los votantes y no por la mayoría absoluta de los concejales, tal como pretende el Gobierno y el PP, es una democrática arbitrariedad, o sea, una ‘cacicada’. Rajoy puede hacerlo, pero si modifica la ley en soledad, habrá roto, además de desdecirse personalmente, una de las pocas prácticas sanas que quedan en la democracia española: no alterar sin amplio consenso el llamado bloque de constitucionalidad. Zapatero lo hizo con el Estatuto catalán de 2006 -que no contó con el apoyo del PP- y ahí están las consecuencias.

El presidente del Gobierno, sin embargo, se encuentra ante un grave problema: sabe que las elecciones municipales y autonómicas de mayo del año que viene pueden suponer un descalabro para el PP, porque se compararán con el éxito tan extraordinario logrado por los populares el 22 de mayo de 2011. Amparado en la mayoría absoluta de que dispone, Rajoy pretende alterar las reglas del juego a sólo nueve meses de los comicios locales y autonómicos mediante un procedimiento democrático pero motivado por razones de interés partidario. No se trata, pues, de que la elección directa del alcalde sea ni inconstitucional ni antidemocrática. Lo cuestionable es la motivación de ese cambio normativo y el momento tardío -en relación con el fin de la legislatura municipal- para plantearlo y ejecutarlo, cuando pudo hacerlo, sin sospecha de partidismo, al principio de su mandato.

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